SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Joel Martínez, presidente del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (FELABEL), recinto San Francisco de Macorís, denunció este viernes como un hecho “grave y represivo” la incursión de militares del J-2 en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en busca del profesor y activista social Fernando Peña.
Martínez calificó el hecho como una violación inaceptable al fuero universitario, y advirtió que toda la comunidad uasdiana —estudiantes, profesores, trabajadores y autoridades— han rechazado de manera unánime la acción militar ocurrida el pasado miércoles 26 de junio.
“Desde que supimos del hecho, todas las organizaciones nos levantamos en condena. Esto no puede verse como un hecho aislado. Es parte de una estrategia para intimidar a quienes defienden causas sociales, como la lucha contra la minera Barrick Gold”, expresó Martínez.
“La UASD no es cuartel militar”
El líder estudiantil destacó que la presencia de los militares en el edificio de la Nueva Unidad, donde opera el Observatorio de Políticas Públicas, representa una afrenta directa a los principios democráticos y a la autonomía universitaria.
Martínez también se refirió al hecho de que una de las camionetas militares no tenía placa, lo que refuerza la sospecha de que se trató de una acción irregular y clandestina, dirigida a silenciar al profesor Fernando Peña, reconocido opositor a las operaciones mineras que afectan el medioambiente.
Llamado a la acción
Martínez exhortó a las autoridades de la UASD a pronunciarse de forma firme frente a este tipo de acciones represivas y a defender el fuero universitario como símbolo de libertad de pensamiento y protección a la comunidad académica.
“No vamos a retroceder ni a guardar silencio. El fuero universitario no se negocia. La UASD no será cuartel. ¡Atrás la represión!”, concluyó el dirigente de FELABEL.
El hecho también fue condenado por la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD), que consideró la acción como un intento de intimidación con motivaciones políticas. Su presidente, Pastor de la Rosa Ventura, exigió una respuesta institucional y alertó sobre el peligro de que se repitan prácticas represivas “propias de la dictadura de Balaguer”.
