El Tribunal Constitucional (TC) eliminó este miércoles los artículos de los Códigos de Justicia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que penalizaban con prisión las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo dentro de esos cuerpos castrenses, una decisión para la cual el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República habían mostrado apoyo previo.
Previo al fallo, el TC consultó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para conocer sus posiciones sobre la acción de inconstitucionalidad. Aunque ambos órganos legislativos evitaron emitir una opinión directa, el Senado presentó el 6 de noviembre de 2024 un análisis en el que advirtió que la preferencia sexual no puede ser objeto de castigo estatal ni motivo de prisión.
La Cámara Alta consideró que las normas derogadas resultaban incompatibles con principios constitucionales como la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, el honor, la libertad personal y el trabajo. La Cámara de Diputados, consultada el 22 de agosto, se limitó a dejar el caso “a la soberana y sabia interpretación” del Tribunal Constitucional.
La Procuraduría General de la República (PGR) también había respaldado la eliminación de ambos artículos. En su opinión del 25 de julio del año pasado, el órgano judicial afirmó que la orientación sexual y la identidad de género están protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en la Constitución.
Sostuvo que estos aspectos no pueden ser cuestionados ni vulnerados, ya que no afectan derechos de terceros, y que corresponde al Estado garantizar protección frente a cualquier forma de discriminación o exclusión.
La PGR insistió en que el marco jurídico dominicano obliga a prohibir tratos discriminatorios y a promover condiciones reales para asegurar la igualdad. Por ello, solicitó que las disposiciones fueran declaradas inconstitucionales por violar múltiples artículos de la Constitución, además de convenios internacionales vinculantes.
El artículo 260 de la Ley 3483, del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, imponía penas de seis meses a un año de prisión a los oficiales que cometieran “sodomía”, definida como relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
De igual forma, el artículo 285 de la Ley 210, del Código de Justicia de la Policía Nacional, sancionaba la misma conducta con penas de dos a seis meses para alistados y de seis meses a dos años para oficiales.
Con la sentencia, ambas disposiciones quedan fuera del ordenamiento jurídico al ser consideradas discriminatorias y contrarias a los principios constitucionales de razonabilidad, igualdad y dignidad humana.
