El acuerdo anunciado el pasado miércoles entre el presidente Luis Abinader y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, que autoriza el uso de la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) para operaciones logísticas militares, generó ayer fuertes reacciones de dirigentes políticos opositores, quienes consideran que la medida viola la Constitución y compromete la soberanía nacional.
El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, calificó como inconstitucional la autorización concedida al Departamento de Guerra estadounidense, al advertir que coloca al país en actividades militares que podrían involucrar a Venezuela y Colombia.
Moreno señaló que la decisión afecta la neutralidad dominicana y contradice tratados internacionales que promueven la no intervención. Reiteró que “el Caribe y América Latina deben preservarse como zona de paz”, recordando además las dos intervenciones militares estadounidenses sufridas por el país.
Pidió al Gobierno revertir la medida y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante:
“La República Dominicana no puede ser instrumento de intereses externos ni base para conflictos ajenos”, expresó.
El Frente Amplio también rechazó la decisión, calificándola como una nueva muestra de subordinación ante Estados Unidos. La organización sostuvo que la autorización abre peligrosas brechas en materia de soberanía, especialmente en un contexto de tensiones entre Washington y Venezuela.
Recordó la Sentencia TC/0315/15 del Tribunal Constitucional, que establece como inconstitucional cualquier acuerdo que otorgue privilegios o presencia militar extranjera sin supervisión dominicana y sin límites de tiempo.
María Teresa Cabrera, dirigente del Frente Amplio, advirtió que aun cuando se presente como un permiso “temporal”, constituye un precedente grave:
“Cada vez que la República Dominicana cede territorio o facilidades militares, renuncia a parte de su capacidad soberana. Ese es un camino sin retorno”, afirmó.
El partido insistió en que el principio de no intervención, consagrado en el artículo 3 de la Constitución, debe respetarse y que el país debe mantenerse imparcial frente a conflictos regionales.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) y exdiputado Rafael Méndez consideró que el acuerdo convierte al país en “cabeza de playa” para operaciones militares extranjeras. A su juicio, la decisión se enmarca en la estrategia de confrontación de Estados Unidos contra países sudamericanos.
Méndez afirmó que la autorización constituye una afrenta a la memoria del expresidente Juan Bosch y de los héroes constitucionalistas.
“La soberanía no se alquila, no se regala y no se entrega jamás”, puntualizó.
El exlegislador llamó a las organizaciones sociales y a la población a rechazar la medida, alegando que expone al país a consecuencias históricamente negativas cuando ha servido como base militar de potencias extranjeras.
