Washington.– El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este martes que negará la visa a un excomisario de la Unión Europea y a otros cuatro ciudadanos europeos, a quienes acusa de intentar “coaccionar” a plataformas de redes sociales estadounidenses para censurar determinados puntos de vista.
En un comunicado oficial, la institución señaló que los sancionados forman parte de lo que calificó como “activistas radicales y organizaciones no gubernamentales instrumentalizadas”, que habrían impulsado medidas de censura por parte de gobiernos extranjeros, dirigidas contra empresas y representantes de Estados Unidos.
Entre los señalados figura Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior y uno de los principales impulsores de la regulación digital en la Unión Europea. Según el Departamento de Estado, Breton fue “la mente maestra” detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), una normativa que establece obligaciones de moderación de contenido y protección de datos para las grandes plataformas digitales.
Durante su gestión, Breton protagonizó enfrentamientos públicos con magnates tecnológicos, entre ellos Elon Musk, en su intento por hacer cumplir las normas digitales europeas. Sectores conservadores en Estados Unidos han criticado la DSA, alegando que se trata de una herramienta de censura contra posturas de derecha en Europa, acusación que ha sido rechazada de forma reiterada por la Unión Europea.
La prohibición de visado también alcanza a Imran Ahmed, fundador del Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), organización que fue blanco de críticas por parte de Musk tras la adquisición de Twitter, hoy conocido como X.
Asimismo, se negará la entrada a Estados Unidos a Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, integrantes de la organización alemana HateAid. De acuerdo con el Departamento de Estado, esta ONG desempeña un rol de “refuerzo” en la aplicación de la Ley de Servicios Digitales.
La cuarta persona incluida en la medida es Clare Melford, directora de la organización Global Disinformation Index (GDI), dedicada al análisis y monitoreo de contenidos considerados desinformativos.
Hasta el momento, las personas y organizaciones señaladas no han emitido declaraciones públicas en respuesta a la decisión del gobierno estadounidense, que se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Bruselas en torno a la regulación de las plataformas digitales y la libertad de expresión en internet.
