El Poder Ejecutivo dispuso este miércoles la reactivación del Plan Nacional de Regularización de las bancas de lotería y apuestas en todo el territorio nacional, mediante el decreto 197-26, firmado por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de ordenar y transparentar el funcionamiento de este sector.
La medida busca culminar el proceso de depuración, validación y formalización de los operadores, en un esfuerzo por garantizar que las bancas, puntos de venta y agencias cumplan con las normativas vigentes y operen dentro del marco legal.
Según lo establecido en el decreto, la Lotería Nacional tendrá un rol central en la ejecución de este plan, actuando como coordinadora de un consejo consultivo que integrará a diversas instituciones públicas y representantes del sector.
Entre estas entidades figura la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que será responsable de verificar que los operadores cumplan con sus obligaciones tributarias. Además, facilitará la incorporación provisional de los establecimientos regularizados al sistema fiscal y apoyará los procesos de fiscalización y control derivados del plan.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Economía asumirá la tarea de diseñar o proponer los instrumentos normativos necesarios para hacer efectiva esta regularización, en línea con los objetivos del Gobierno.
El decreto también declara de interés nacional la regularización de las bancas de apuestas, subrayando la importancia de este proceso para el ordenamiento del sector y su impacto en la economía.
El consejo consultivo estará integrado, además, por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), representantes de concesionarios, la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, la Comisión Hípica Nacional, la Asociación de Casinos de Juegos y el arzobispo coadjutor, monseñor Tomás Morel.
De acuerdo con el documento, los miembros de este consejo ejercerán sus funciones de manera honorífica, como parte de un esfuerzo conjunto entre el Estado y los distintos actores involucrados.
La disposición, firmada el 26 de marzo de 2026, también deja sin efecto el decreto 295-22, lo que implica una reestructuración del esquema institucional anterior y la implementación de un nuevo modelo de supervisión que abarcará no solo las bancas de lotería, sino también las apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.
