El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe, una medida que, en una primera fase, afecta a 26 personas, cuyos nombres y nacionalidades no fueron revelados.
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos explicó que esta decisión forma parte de una estrategia para impedir que actores considerados adversarios puedan influir o controlar activos clave en la región.
“Esta Administración negará a las potencias adversarias la capacidad de poseer o controlar activos vitales o de amenazar la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos en nuestra región”, señala el documento oficial.
La medida representa una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente, que ahora permitirá sancionar a ciudadanos extranjeros que, según Washington, financien, apoyen o participen en actividades contrarias a los intereses estadounidenses en el hemisferio.
El gobierno encabezado por Donald Trump ha recurrido en varias ocasiones a este tipo de herramientas migratorias como mecanismo de presión diplomática.
Uno de los casos más notorios fue el del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien se le retiró el visado tras participar en una manifestación en Nueva York en 2024. En ese momento, también se anunciaron sanciones en su contra y contra miembros de su familia, aunque posteriormente fueron levantadas en el marco de un proceso de acercamiento entre ambos gobiernos.
No obstante, a diferencia de ese caso, el Departamento de Estado aclaró que no divulgará los nombres de las personas afectadas en esta ocasión, alegando motivos de confidencialidad.
“Esta política ampliada nos permite restringir las visas de nacionales que participen en actividades que socaven los intereses de Estados Unidos”, indicó una fuente oficial.
La administración estadounidense reiteró que utilizará todas las herramientas disponibles para proteger su seguridad nacional, en medio de un contexto regional marcado por tensiones políticas y desafíos en materia de gobernabilidad.
