El Ministerio Público de la República Dominicana presentó este viernes nuevas evidencias en el juicio preliminar del caso Camaleón, relacionado con presuntas irregularidades en la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante la audiencia, el fiscal Jhonatan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, leyó una serie de conversaciones de WhatsApp que, según el órgano acusador, evidencian un control externo sobre el proceso de licitación en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Los diálogos, que datan de marzo y abril de 2023, fueron sostenidos entre el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como “Jochi Gómez”, ambos principales implicados en el caso.
De acuerdo con el Ministerio Público, las conversaciones muestran que se discutían aspectos clave del proceso, como fechas de adjudicación y detalles de la prueba de concepto, antes de que se cumplieran los plazos legales establecidos.
“En marzo ya están hablando de una adjudicación de un proceso que todavía está abierto”, afirmó el fiscal ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, señalando que el cronograma oficial habría sido una formalidad.
Asimismo, el órgano acusador indicó que el empresario, a través de la empresa Transcore Latam, remitía documentos con propuestas sobre cómo debía ejecutarse la prueba de concepto de su propia compañía.
Otro de los elementos destacados fue la supuesta estrategia para incluir figuras públicas como veedores del proceso, con el objetivo de otorgarle mayor legitimidad. Según la acusación, incluso se discutía la forma en que se harían estas invitaciones para evitar sospechas.
El fiscal también reveló que, conforme a la investigación, el pliego de condiciones y el contrato no habrían sido elaborados por el departamento jurídico del Intrant, sino entregados ya confeccionados.
Estas evidencias forman parte del sustento del Ministerio Público para las acusaciones de coalición de funcionarios, fraude al Estado y falsificación de documentos en el marco de este proceso judicial.
