La nueva política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que obliga a los solicitantes de la residencia permanente o ‘green card’ a regresar a sus países de origen mientras esperan una decisión sobre sus casos, podría afectar a más de medio millón de personas cada año, según advierten expertos consultados por la agencia EFE.
La medida, implementada desde la semana pasada, impide que los migrantes que ya se encuentran legalmente en territorio estadounidense realicen el proceso de ajuste de estatus migratorio dentro del país, obligándolos a completar el trámite en consulados estadounidenses ubicados en sus naciones de origen.
Especialistas consideran que la disposición representa un duro golpe para la migración legal y rompe con una práctica vigente desde 1952, cuando el Congreso estadounidense autorizó que determinados extranjeros pudieran solicitar la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.
Daniel Costa, director de Investigación sobre Leyes y Política de Inmigración del Economic Policy Institute (EPI), advirtió que la medida tendrá consecuencias significativas para millones de personas.
«Va a complicar las vidas de mucha gente porque tendrán que abandonar sus empleos, separarse de sus familias y enfrentar largos períodos de espera fuera de Estados Unidos», señaló.
Costa explicó que muchos solicitantes podrían perder sus trabajos si no tienen la posibilidad de laborar de manera remota desde sus países de origen. Además, alertó que las separaciones familiares podrían extenderse durante meses o incluso años, dependiendo del tiempo que duren los procesos consulares.
Aunque todavía no existe una cifra exacta sobre la cantidad de afectados, el investigador indicó que más de la mitad del millón de personas que obtienen anualmente una ‘green card’ lo hacen mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, por lo que el impacto de la nueva normativa podría alcanzar a cientos de miles de migrantes cada año.
La medida forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración Trump en materia migratoria, que han generado preocupación entre abogados, organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos en políticas públicas.
