Hermanas Mirabal.– El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) denunció el jueves una serie de presuntas irregularidades en torno a la situación de los jóvenes Wilson Fernández y Juan Francisco Morel, quienes, según la organización, permanecen recluidos en instalaciones del Palacio de Justicia de Santo Domingo pese a que una medida de coerción dispuso que debían cumplirla en la Fortaleza Juana Núñez, en Salcedo.
Mediante un comunicado, la entidad popular expresó preocupación por lo que calificó como una vulneración de derechos fundamentales, al asegurar que ambos ciudadanos no han sido trasladados al recinto penitenciario correspondiente y que, de acuerdo con denuncias realizadas por familiares, estarían siendo víctimas de maltratos, abusos y restricciones en la comunicación con sus allegados.
El FALPO afirmó que desde la imposición de la medida de coerción no se les ha permitido recibir visitas familiares, situación que considera contraria a las garantías establecidas en la Constitución de la República y en el Código Procesal Penal.
La organización señaló que, independientemente de los hechos que se investigan en el proceso judicial, toda persona tiene derecho al respeto de su integridad física, psicológica y moral, así como a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva emitida por un tribunal competente.
En su declaración, el movimiento sostuvo que las presuntas actuaciones denunciadas podrían entrar en contradicción con varios artículos de la Constitución Dominicana relacionados con la protección de la integridad personal, el debido proceso, la libertad individual y el derecho a la comunicación con familiares y abogados.
Asimismo, indicó que el Código Procesal Penal establece que las medidas de coerción deben cumplirse conforme a lo dispuesto por el juez competente y prohíbe cualquier forma de maltrato, tortura o trato degradante contra las personas privadas de libertad.
Ante esta situación, el FALPO demandó a las autoridades correspondientes investigar las denuncias, garantizar la integridad física de los jóvenes, permitir el contacto con sus familiares y ejecutar el traslado hacia la Fortaleza Juana Núñez, conforme a lo ordenado judicialmente.
La organización advirtió que, de no producirse una solución en un plazo razonable, podría emprender acciones de protesta en defensa de los derechos de los ciudadanos involucrados y en rechazo a cualquier abuso de poder o incumplimiento de las disposiciones judiciales.
