San Francisco de Macorís. – La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, actuando en funciones de lo Contencioso Administrativo Municipal, declaró la nulidad absoluta de pleno derecho de la Ordenanza núm. 04-2024 del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de esta ciudad.
La decisión está contenida en la sentencia civil núm. 132-2026-SCON-00430, emitida el 20 de julio de 2026, mediante la cual el tribunal acogió el recurso contencioso administrativo interpuesto por el munícipe José Ernesto Melo Guerrero, representado por el abogado Rey A. Fernández Liranzo.
El tribunal determinó que la Ordenanza 04-2024 fue aprobada con vicios sustanciales en su proceso de formación, al establecer que no se cumplieron mecanismos de consulta pública, participación ciudadana ni el debido procedimiento administrativo, pese a tratarse de una disposición de carácter general con efectos tributarios, regulatorios y sancionadores.
Como consecuencia, la sentencia ordena mantener vigente la Ordenanza núm. 02-2011 hasta que el Ayuntamiento elabore y apruebe una nueva normativa conforme a los procedimientos legales y dentro del marco de sus competencias.
La decisión reafirma que las autoridades municipales deben ejercer su potestad normativa respetando los principios establecidos en la Constitución, la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
El abogado Rey A. Fernández Liranzo sostuvo que una regulación municipal con impacto económico, tributario y sancionador no puede imponerse sin observar el debido proceso administrativo, la participación ciudadana, la debida motivación y la seguridad jurídica.
Tras conocerse la sentencia, Fernández Liranzo afirmó que la decisión «reafirma que la administración pública municipal está sometida plenamente a la Constitución y a la ley, y que ninguna autoridad puede imponer cargas regulatorias o tributarias a los ciudadanos y al sector empresarial sin observar los procedimientos legales esenciales».
La sentencia representa un precedente en materia de derecho administrativo municipal, al fortalecer los principios de legalidad, transparencia, participación ciudadana y seguridad jurídica en la actuación de los gobiernos locales.
