SAN FRANCISCO DE MACORÍS. — El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, notificó formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) su decisión de no aspirar a continuar en la presidencia ni a un nuevo mandato en el máximo tribunal del Poder Judicial.
La decisión fue comunicada mediante una misiva dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, en su calidad de presidente del órgano constitucional. Molina manifestó que adopta esta postura con la convicción de que el Poder Judicial cuenta hoy con bases institucionales sólidas para seguir fortaleciendo el sistema de justicia en el país.
A esta decisión se sumó la jueza sustituta del presidente de la alta corte, Nancy Salcedo, quien también informó por escrito que no se someterá al proceso de evaluación de desempeño dispuesto en el Reglamento 2-25, concluyendo así su ciclo en el tribunal.
«Llegado este momento, y con la serenidad que da una vida entregada al deber, comunico a este Honorable Consejo mi decisión de no someterme al proceso de evaluación de desempeño por él iniciado», expresó la magistrada Salcedo en su carta.
En la comunicación remitida al CNM, Molina presentó un balance de las transformaciones ejecutadas durante su periodo al frente de la administración judicial, destacando indicadores clave de rendimiento e institucionalidad:
Resolución del 90% de los casos en un plazo máximo de un año y una reducción sustancial en el tiempo de tramitación del recurso de casación, el cual bajó de un promedio de 707 a 27 días.
Publicación de más de 450,000 decisiones judiciales en la plataforma Juristeca y la creación del portal justicia.gob.do para ampliar la cobertura de los servicios digitales.
Mejora en el índice de confianza ciudadana medido por Latinobarómetro y la posición del país como la nación de mayor avance entre 143 evaluadas por el World Justice Project.
Molina enfatizó que estos logros son resultado del esfuerzo conjunto de jueces y servidores judiciales, al tiempo que reafirmó que continuará en el ejercicio pleno de sus funciones con dedicación y vocación de servicio hasta la fecha de conclusión de su mandato constitucional.
