San Francisco de Macoris. — La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, propuso la creación de un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, al advertir que una parte importante de los hechos violentos que ocurren en el país tiene su origen en conflictos sociales, familiares y comunitarios, más que en la delincuencia organizada.
La magistrada hizo el planteamiento durante su participación en el Primer Diálogo Regional por la Convivencia Barrial, organizado por Listín Diario a través del Observatorio de Sostenibilidad y Desarrollo Regional (OSDER), celebrado en la Universidad Católica Nordestana (UCNE).
Reynoso reveló que durante el año 2025 la Procuraduría General de la República recibió 236,783 casos, de los cuales 73,295 estuvieron relacionados con violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual, además de más de 26,000 denuncias por amenazas de muerte.
Explicó que el 52.57 % de esos casos corresponde a violencia intrafamiliar, el 34.55 % a violencia de género y el 12.88 % a violencia sexual, cifras que reflejan el impacto de los conflictos familiares en la seguridad ciudadana.
La procuradora destacó que alrededor del 56 % de los homicidios registrados en el país están vinculados a situaciones de intolerancia, consumo de alcohol, disputas entre personas y conflictos familiares, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas desde las comunidades.
Asimismo, señaló que la República Dominicana mantiene una tasa de homicidios cercana a 7.4 por cada 100 mil habitantes, aunque advirtió que el elevado nivel de conflictividad social continúa siendo uno de los principales desafíos para la convivencia pacífica.
Durante su exposición, Reynoso también abordó la problemática de la contaminación sonora, indicando que entre el 1 de enero y el 7 de agosto de este año el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 recibió 91,423 llamadas relacionadas con ruidos excesivos, principalmente en el Gran Santo Domingo.
Indicó que más del 52 % de esas denuncias se producen durante los fines de semana, situación que genera conflictos entre vecinos y contribuye al aumento de la violencia comunitaria.
En cuanto a las motocicletas, afirmó que más del 70 % de los accidentes de tránsito con víctimas mortales involucran motocicletas, mientras que más del 80 % de los atracos son cometidos utilizando este tipo de vehículos, por lo que consideró necesario fortalecer su regulación y control.
También propuso que las compañías telefónicas impidan la activación de celulares reportados como robados, con el objetivo de reducir el mercado ilegal de estos equipos y disminuir los robos asociados a este delito.
La procuradora sostuvo que la educación constituye una de las herramientas más efectivas para prevenir la violencia y llamó a fortalecer la integración entre la escuela, la familia y la comunidad.
En ese sentido, planteó la implementación de mecanismos de seguimiento a estudiantes que abandonan las aulas, mediante trabajadores sociales, para evitar que la deserción escolar se convierta en un factor de riesgo para la delincuencia y la exclusión social.
Entre las medidas propuestas figuran además la aprobación de una ley de convivencia ciudadana, la regulación de motocicletas, el bloqueo de celulares robados y la creación de una base de datos nacional unificada sobre seguridad ciudadana.
Durante el encuentro también se logró una respuesta provisional para 82 estudiantes que permanecían sin cupo en el Laboratorio de Recuperación Pedagógica (LARPE).
