Santo Domingo. – El Ministerio Público aseguró que los implicados en el caso SeNaSa 2.0-A utilizaron información confidencial de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para generar autorizaciones médicas fraudulentas y cobrar servicios que, según la investigación, nunca fueron prestados.
La acusación está contenida en una solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada contra 25 imputados, entre ellos exempleados de SeNaSa, médicos y particulares arrestados durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
De acuerdo con la instancia depositada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Pepca, Mirna Ortiz, los acusados habrían conformado una estructura criminal que aprovechó el acceso a información privilegiada y el conocimiento de los protocolos internos de la aseguradora estatal para ejecutar el presunto fraude.
Según el expediente, la red escogía estratégicamente afiliados con poca interacción con SeNaSa para disminuir las posibilidades de que las irregularidades fueran detectadas.
Con esos datos, presuntamente emitían autorizaciones médicas y reclamaciones a nombre de personas que posteriormente aseguraron no haber recibido los servicios facturados. Incluso, algunos afiliados declararon que desconocían a los médicos relacionados con esos reclamos.
El Ministerio Público sostiene que los integrantes de la estructura utilizaban nombres ficticios, como Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, para comunicarse con el centro de llamadas de SeNaSa y gestionar autorizaciones.
Asimismo, afirma que empleaban códigos reales de médicos vinculados al esquema, quienes presuntamente recibían beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos inexistentes.
Entre las evidencias citadas por la Pepca figuran reclamaciones por consultas ginecológicas atribuidas a afiliados masculinos, procedimientos ambulatorios sin historia clínica, documentos sin número de afiliación (NAF), sin sello médico, con tachaduras, enmendaduras y errores en la numeración de autorizaciones y montos reclamados.
La investigación también señala la presunta falsificación de firmas de afiliados para respaldar autorizaciones médicas y justificar los cobros realizados a la aseguradora estatal.
Como parte del análisis financiero, los fiscales identificaron transferencias bancarias entre personas vinculadas al caso, muchas de ellas sin concepto o con descripciones como “pago a San de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, las cuales, según el órgano acusador, buscaban ocultar el origen de los fondos.
El Ministerio Público sostiene que estas operaciones forman parte de una estructura organizada con funciones específicas para obtener datos de afiliados, generar autorizaciones fraudulentas, presentar reclamaciones y distribuir los recursos obtenidos.
La solicitud de medida de coerción fue presentada contra los 25 imputados, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con un presunto esquema para defraudar recursos públicos del Seguro Nacional de Salud mediante la facturación de servicios médicos no realizados.
