Santo Domingo.– La decisión del Gobierno de eliminar los aranceles establecidos para la importación de arroz ha generado preocupación entre productores nacionales, quienes advierten sobre los posibles efectos que la medida podría tener en la producción local y la sostenibilidad del sector.
La disposición está contenida en el decreto 635-26, firmado el pasado 9 de septiembre por el presidente Luis Abinader, mediante el cual se deroga el decreto 642-24, que establecía un arancel de 20 % ad valorem a las cuotas de importación de arroz procedentes de Estados Unidos.
El dirigente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcos Rodríguez, manifestó que los productores reciben la medida con incertidumbre, debido a las diferencias existentes entre las condiciones de producción de República Dominicana y Estados Unidos.
“Podríamos decir que quisiéramos estar tranquilos, pero no es una situación que nos lleva a la tranquilidad”, expresó Rodríguez, quien sostuvo que el sector dominicano podría quedar en una posición vulnerable frente a las importaciones.
El representante de Fenarroz señaló que una eventual reducción de la producción nacional tendría repercusiones en otros sectores vinculados a la actividad arrocera, entre ellos las factorías, el transporte y la comercialización de agroquímicos.
También advirtió sobre la posibilidad de que algunas tierras actualmente dedicadas al cultivo de arroz sean destinadas a otros productos agrícolas, lo que, según planteó, podría generar una sobreoferta en esos rubros.
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) calificó la medida como un “golpe a la producción nacional de arroz” y solicitó al Gobierno explicar cómo pretende proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
La organización pidió conocer si la derogación del decreto estuvo precedida por una recomendación del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), tal como contemplaba la disposición anterior, y reclamó que sean publicados los documentos que sirvieron de fundamento para adoptar la decisión.
Confenagro indicó que el sector arrocero agrupa alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos, por lo que consideró necesario evaluar el impacto de cualquier modificación en las condiciones de importación sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades vinculadas a esta actividad.
Asimismo, propuso la convocatoria de una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para analizar el alcance de la medida y establecer acciones que permitan mantener la producción nacional.
Rodríguez no descartó que la decisión esté relacionada con presiones de Estados Unidos, al señalar que representantes del sector fueron convocados previamente al Palacio Nacional, donde, según explicó, se les informó sobre exigencias estadounidenses relacionadas con la derogación del decreto.
El dirigente afirmó que los productores no conocieron públicamente la decisión hasta el lunes 5 de octubre, pese a que el decreto había sido firmado desde septiembre.
Mientras los productores expresan sus preocupaciones, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, aseguró que la eliminación del régimen arancelario no representa un abandono del Gobierno al sector arrocero ni una renuncia a la protección de la producción nacional.
El funcionario afirmó que el arroz constituye un rubro estratégico para la seguridad alimentaria del país, además de sostener miles de empleos y tener un peso importante en la economía rural.
Espaillat explicó que la decisión responde a compromisos comerciales que República Dominicana debe manejar y sostuvo que la medida puede abrir un escenario para trabajar en una eventual renegociación bajo condiciones que, según dijo, sean más favorables para los intereses nacionales.
El ministro reiteró que el Gobierno continuará acompañando a los productores arroceros y defendiendo la importancia estratégica del sector dentro de la producción agropecuaria nacional.
