Santo Domingo. – Tras su aprobación definitiva en el Congreso Nacional el pasado jueves, el presidente Luis Abinader promulgó este domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, mediante la Ley 74-25, sustituyendo el régimen legal vigente desde 1884.
La nueva normativa penal entrará en vigencia en agosto del próximo año y representa una reforma profunda y moderna del sistema jurídico dominicano.
El Código incluye la tipificación de delitos como el feminicidio, el sicariato, la violencia económica, el ciberbullying, el autosecuestro, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, las estafas piramidales, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio y el dopaje con daño, entre otros. También se elevan las sanciones por violación sexual dentro del matrimonio o entre parejas, y se incorporan figuras como el dolo eventual y la culpa consciente.
Una de las novedades más relevantes es el incremento de la pena máxima de prisión hasta 40 años y la posibilidad del cúmulo de penas por múltiples delitos. Además, se establece la responsabilidad penal de personas jurídicas y se introducen medidas sociojudiciales como el registro de agresores sexuales, programas de reeducación y vigilancia post-condena.
En materia de protección a las víctimas, se fortalecen las órdenes de protección para casos de violencia de género, intrafamiliar y otras formas de agresión. Asimismo, se amplían los plazos de prescripción para delitos sexuales contra menores y personas vulnerables, extendiéndolos hasta 30 años contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.
El nuevo Código también refuerza el combate a la corrupción administrativa, extendiendo los plazos de prescripción, aumentando las sanciones e inhabilitando a los condenados para ocupar funciones públicas.
Según el comunicado oficial de la Presidencia, esta reforma no solo actualiza el marco sancionador, sino que incorpora un enfoque preventivo y de reinserción social, promoviendo la seguridad ciudadana como una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Con la promulgación de esta ley, el país avanza hacia un sistema penal moderno, adaptado a los desafíos contemporáneos y centrado en la protección efectiva de los derechos humanos.
