Texas.– Personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas enfrentan un sistema judicial adverso, marcado por detenciones arbitrarias, retrasos procesales, altos costos legales y cambios constantes en las políticas migratorias, según denunció la abogada Jodi Goodwin.
La jurista, con más de 25 años de experiencia en temas migratorios, aseguró que el deterioro del sistema ha sido progresivo y que las medidas recientes han impactado especialmente a los migrantes latinoamericanos.
“Todos los días es peor”, afirmó, al señalar que las nuevas políticas han restringido el acceso al asilo, especialmente tras decisiones adoptadas durante la administración del expresidente Donald Trump.
Goodwin explicó que incluso personas que han cumplido con los procesos legales están siendo detenidas, incluyendo migrantes con permisos vigentes o en trámite de residencia. A su juicio, esto ha generado una crisis no solo legal, sino también humana.
La abogada describió escenas de angustia en familias afectadas, con niños que enfrentan traumas al ver a sus padres detenidos o deportados, muchas veces sin previo aviso.
Actualmente, más de 73,000 personas permanecen bajo custodia del ICE, el nivel más alto registrado, mientras que las detenciones han aumentado significativamente en los últimos meses, según datos de Americans for Immigrant Justice.
Goodwin también denunció la sobrecarga en el sistema judicial migratorio, indicando que los abogados privados enfrentan una demanda sin precedentes, multiplicando hasta por diez su carga laboral.
Asimismo, criticó el funcionamiento interno del sistema, señalando que los jueces migratorios carecen de independencia, ya que dependen del Departamento de Justicia y responden a directrices superiores.
La abogada advirtió que las condiciones en los centros de detención han llevado a muchos migrantes a optar por la autodeportación, renunciando a su derecho a un proceso judicial.
Un informe de Human Rights Watch documentó presuntas violaciones, incluyendo hacinamiento, falta de higiene y acceso limitado a atención médica.
Además, resaltó que los detenidos por motivos migratorios no tienen derecho a un abogado pagado por el Estado, lo que agrava su situación, ya que los costos legales pueden oscilar entre 2,000 y 7,000 dólares por caso.
Como consecuencia, el 76% de los migrantes con orden de deportación no cuenta con representación legal, reduciendo considerablemente sus posibilidades de éxito.
“El sistema ahora está diseñado para que la gente pierda”, concluyó Goodwin, al advertir sobre el impacto creciente de estas políticas en miles de familias migrantes.
