San Francisco de Macorís. – El abogado Alberto Vázquez afirmó este lunes que, en el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), que sin lugar a dudas ha conmovido “lo más sensible de la sociedad dominicana”, los jueces contaban con todos los elementos de prueba necesarios para dictar las medidas de coerción adoptadas recientemente, incluyendo 18 meses de prisión preventiva para varios de los imputados y prisión domiciliaria para otros.
Vázquez señaló que, si bien es comprensible que parte de la sociedad pueda sentirse insatisfecha con la medida ante la gravedad de los hechos atribuidos, debe entenderse que la prisión preventiva fue solicitada por el propio Ministerio Público, que es el acusador principal en el proceso penal. “En el proceso penal, la sociedad debe saber que los jueces están limitados a lo que pretende el persecutor, en este caso el Ministerio Público, como titular de la acción penal”, explicó.
El jurista definió como válida la solicitud del Ministerio Público y reiteró que espera que esta institución mantenga una actitud firme en el desarrollo del proceso, pues “la sociedad está vigilante ante lo que ha sido uno de los casos más crueles que la justicia penal dominicana haya enfrentado”.
Vázquez se refirió al expediente que motivó la imposición de coerción contra Santiago Hazim Albainy, exdirector del Senasa, y otros implicados en la presunta red de corrupción que habría provocado un perjuicio al Estado dominicano estimado en miles de millones de pesos. Entre los imputados que quedaron bajo prisión preventiva figuran Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, mientras que Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo recibieron arresto domiciliario con impedimento de salida y presentación periódica ante el tribunal.
La audiencia de medida de coerción fue conocida ante el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de prolongadas jornadas en las que fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de la Dirección General de Persecución presentaron los fundamentos de su solicitud.
