RÍO DE JANEIRO, BRASIL. – Una vasta operación policial realizada este martes contra narcotraficantes en Río de Janeiro dejó al menos 64 personas muertas, entre ellas cuatro agentes de policía, en lo que las autoridades calificaron como el episodio más letal en la historia de la lucha contra el crimen organizado en el estado.
El enfrentamiento se produjo en horas de la madrugada en una región obrera de Río controlada por el grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo). Según las autoridades, participaron 2,500 agentes en una acción que fue planificada durante más de dos meses como parte de una investigación de un año para frenar la expansión de la organización delictiva.
Durante el operativo fueron arrestadas 81 personas presuntamente vinculadas a la banda.
“Se trata de una operación estatal contra narcoterroristas”, declaró Cláudio Castro, gobernador del estado, en conferencia de prensa.
La declaración de Castro generó controversia, pues muchos la interpretaron como un intento del gobernador —aliado del expresidente Jair Bolsonaro— de capitalizar políticamente el combate al crimen.
El saldo de muertes, que incluye tanto a presuntos delincuentes como a civiles atrapados en el fuego cruzado, ha causado conmoción en la ciudad, acostumbrada a violentos enfrentamientos entre la policía y las bandas del narcotráfico.
La operación superó en letalidad a la de 2021, que dejó 28 muertos en una acción también dirigida contra el Comando Vermelho.
Los testigos relataron escenas de caos y pánico, mientras intentaban esquivar las balas perdidas. Algunos barrios fueron incendiados por los delincuentes para impedir el avance de las fuerzas de seguridad, y en represalia, miembros de la banda bloquearon carreteras con autobuses, lo que provocó la suspensión de clases, cierre de vías y paralización del transporte público.
El gobernador Castro calificó la situación como parte de una “guerra contra el crimen organizado” y reclamó apoyo del gobierno federal. “Río de Janeiro está hoy completamente solo en esta lucha”, expresó.
Sin embargo, el ministro de Justicia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las declaraciones, afirmando que se han desarrollado diversas operaciones conjuntas con las autoridades locales durante los últimos dos años.
El operativo ocurre en medio de un clima político tenso, mientras Brasil y Estados Unidos buscan recomponer relaciones diplomáticas tras recientes tensiones por temas de seguridad y comercio.
