Colombia. – El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según dictó la jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
La histórica sentencia convierte a Uribe, de 73 años, en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente, en lo que muchos han calificado como el “juicio del siglo” en ese país. La condena, en primera instancia, también incluye una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 822,000 dólares) y una inhabilitación por más de ocho años para ejercer funciones públicas.
Uribe deberá cumplir la pena en su domicilio ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia, desde donde se harán los controles judiciales correspondientes. El Centro de Servicios Judiciales de Rionegro ya ha sido comisionado para emitir la boleta de encarcelación y proceder con el traslado inmediato del exmandatario.
Según la extensa sentencia de más de 1,100 páginas, la jueza impuso 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, aumentados en 29 meses debido a la participación en sobornos a tres testigos: Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco. Por el delito de fraude procesal, se sumaron otros 24 meses, fijando así la pena definitiva en 144 meses, es decir, 12 años.
En una audiencia que duró más de diez horas, Heredia concluyó que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron suficientes para emitir un fallo condenatorio. La jueza absolvió a Uribe del delito de soborno simple, pero destacó la gravedad de su conducta como influyente líder político.
El proceso se remonta a 2012, cuando el propio Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema decidió no investigar a Cepeda y abrió en cambio un expediente contra Uribe por intentar influenciar testigos en su contra.
La defensa del expresidente ya ha anunciado que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
