jueves, febrero 26, 2026
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Aplazan para el sábado solicitud de coerción contra imputados de desfalco en Agricultura

Santo Domingo.- La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha aplazado el conocimiento de la medida de coerción presentada contra Julio Enrique Domínguez Solano (conocido como Julito y/o El Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo, acusados de un desfalco en el Ministerio de Agricultura.

La magistrada Ana Lee tomó la decisión de posponer la audiencia hasta el próximo sábado a las 9:00 de la mañana, con el fin de permitir que los abogados de los imputados preparen su defensa y presenten los presupuestos correspondientes. El aplazamiento fue solicitado por el abogado Marino Elsevf Pineda, quien alegó la necesidad de tiempo para preparar la defensa y presentar los presupuestos que justifiquen una medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva.

Al salir del tribunal, los imputados se negaron a hablar con los medios mientras eran trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentran recluidos desde su arresto durante el fin de semana. Además del desfalco, los imputados también enfrentan acusaciones de asociación de malhechores y otros delitos contra el Estado.

Según la solicitud de medida de coerción, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) llevó a cabo la investigación sobre la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Se imputa a Domínguez Solano los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores. También se le acusa de violar los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 66 de la Ley número 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por su parte, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, se le acusa de coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

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