La tarde de este jueves continúa el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albainy, y otros nueve implicados en un presunto entramado de sobornos y desfalco al Estado dominicano, caso que según el Ministerio Público habría causado un perjuicio estimado en 15 mil millones de pesos. La audiencia, que se desarrolla en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, está a cargo del juez Rigoberto Sena, quien deberá decidir si acoge la solicitud del órgano acusador de imponer 18 meses de prisión preventiva y declarar el proceso como complejo.
El conocimiento de la medida había sido aplazado el pasado martes para permitir que los abogados de los imputados prepararan sus argumentos de defensa. Mientras tanto, todos los acusados permanecen bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, desde donde fueron trasladados al tribunal para la reanudación de la audiencia pautada para las 2:00 de la tarde. El expediente presentado por el Ministerio Público, que supera las 500 páginas, acusa directamente a Hazim Albainy y a Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, a quienes señala como parte de una red dedicada a maniobras fraudulentas dentro de la institución.
Según el documento acusatorio, Santiago Hazim habría comenzado a recibir beneficios vinculados al entramado incluso antes de asumir la dirección ejecutiva de Senasa, entre ellos vehículos de alta gama provistos por empresarios que luego formarían parte de la supuesta estructura de corrupción. El Ministerio Público afirma que, además de estos beneficios personales, Hazim habría asumido compromisos económicos que cumpliría una vez tomara control de la institución, luego de ser designado mediante el decreto 377-20, el 21 de agosto de 2020.
El expediente sostiene que desde su llegada a Senasa, el exfuncionario habría iniciado una serie de maniobras que incluyeron la recepción de sobornos, la falsificación de contenidos en los estados financieros, la manipulación de cuentas contables, la creación de programas fraudulentos, la privatización irregular de servicios de atención primaria y diversos delitos administrativos como coalición de funcionarios, prevaricación y estafa en perjuicio del Estado dominicano. El Ministerio Público asegura que todos estos elementos configuran un entramado sistemático cuya magnitud justifica el carácter complejo del proceso y la solicitud de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
