A noviembre de 2025, el costo de los artículos básicos que componen la canasta familiar dominicana cerró en RD$48,138.35, una cifra que continúa colocando presión sobre el consumo de los hogares de bajos ingresos, que son los que mayor proporción de sus recursos destinan a la compra de alimentos. Esta situación plantea además un desafío para las políticas públicas del Gobierno, que en 2026 deberá encarar la discusión de una reforma fiscal que no incremente aún más la carga sobre los sectores vulnerables ni sobre la clase media, ya afectada por el aumento sostenido de los precios.
El crecimiento ha sido notable si se compara con años anteriores. En 2018, la canasta básica cerró en RD$33,758.49, mientras que en 2024 llegó a RD$44,752.87. En 2020 el costo era de RD$36,936.17 y, desde entonces, el incremento ha sido continuo, acumulando casi RD$10,000 adicionales al cierre de 2024. Todo esto ocurre en un mercado laboral donde una amplia mayoría de trabajadores gana por debajo de la exención fiscal establecida en RD$34,685 mensuales para personas físicas.
Diversos factores, tanto externos como internos, explican esta tendencia alcista. Entre los externos se incluyen las tensiones geopolíticas, las pandemias, el cambio climático, los fenómenos naturales y la tasa del dólar. En el ámbito interno influyen los costos de producción, que suelen trasladarse al precio final de los bienes. La situación se agrava si se considera que solo este año el dólar pasó de poco más de RD$58 a más de RD$64, así como el hecho de que la agropecuaria depende en casi un 90% de insumos importados, entre ellos maíz, fertilizantes y semillas. A esto se suma el peso de las importaciones de bienes intermedios y terminados, cuyos precios también se elevan cuando aumentan los combustibles o los fletes internacionales.
Otro elemento que explica la presión económica es la realidad salarial del país. Cerca del 80% de los trabajadores formales registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) devengan menos de RD$30,000 mensuales. Frente a los cuestionamientos sobre cómo sobreviven los hogares con estos ingresos, expertos recuerdan que el alto nivel de informalidad y las remesas en monedas fuertes ayudan a complementar el presupuesto familiar, aunque sin resolver las profundas desigualdades estructurales.
Estas condiciones tienen un impacto directo en los indicadores de pobreza. Aunque organismos internacionales reconocen una reducción de la pobreza por ingresos, esta disminución no ha sido suficiente para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En cuanto a la pobreza multidimensional, que incluye acceso a servicios básicos como agua potable y energía, las proyecciones tampoco apuntan a alcanzar las metas propuestas. La región latinoamericana, además, continúa siendo la segunda más desigual del mundo. Según la Cepal, el 10% más rico concentra el 34.2% de los ingresos, mientras el 10% más pobre apenas percibe el 1.7%.
En cuanto a los precios, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación moderada de 0.71% en noviembre, aunque autoridades reconocen que el 71.53% de este aumento provino del alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que afecta principalmente al quintil 1, compuesto por los hogares más vulnerables. Productos como plátanos, ajíes, papas, tomates y cebollas encabezaron las alzas debido a las intensas lluvias de octubre y los efectos de la tormenta Melissa. A nivel interanual, la inflación se ubicó en 4.81%.
En el contexto global, la FAO reportó una disminución de los precios internacionales de alimentos como los lácteos, vegetales, carnes, azúcar y aceites vegetales durante noviembre, aunque los cereales —incluyendo trigo, sorgo y cebada— registraron incrementos. A nivel regional, el Consejo Monetario Centroamericano reportó que, a octubre, el IPC alcanzó 2.66% en Nicaragua, 4.23% en República Dominicana y 4.85% en Honduras.
