viernes, marzo 27, 2026
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Defensa de Gonzalo Castillo alega fraude procesal en juicio por presunta corrupción

La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ratificó la existencia de un supuesto fraude procesal en el juicio que se sigue en su contra y de otros exfuncionarios, cuestionando tanto el momento en que fue depositada la acusación como la forma en que el Ministerio Público obtuvo pruebas clave.

Durante la audiencia, los abogados del exfuncionario presentaron su respuesta a la réplica de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), argumentando que la propia documentación del órgano acusador evidencia que la acusación fue introducida fuera del plazo legal establecido.

Según expusieron, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber remitido el expediente el 30 de abril de 2024; sin embargo, documentos con fe pública del Cuarto Juzgado de la Instrucción indican que fue recibido 14 días después, pese a que ambas dependencias se encuentran en la misma edificación.

El equipo legal también cuestionó la cadena de custodia de las pruebas durante ese período, planteando dudas sobre el paradero de la acusación y los elementos probatorios en ese intervalo.

En cuanto a las pruebas periciales, la defensa señaló presuntas irregularidades en su obtención, alegando que algunas fueron realizadas bajo instrucciones directas de fiscales y que incluyeron extracción de información de dispositivos móviles antes de contar con la autorización judicial correspondiente.

Asimismo, indicaron que se elaboraron informes financieros con documentos recabados sin orden judicial o en plazos que consideran incompatibles con un análisis técnico riguroso.

Los abogados de Castillo concluyeron que la réplica del Ministerio Público no aportó nuevas pruebas y que la acusación se sustenta en una teoría sin respaldo suficiente. “Se pretende llevar este caso a juicio como si fuera un acto de fe”, afirmaron.

El proceso forma parte de una investigación más amplia sobre presuntos actos de corrupción administrativa, encabezada por la PEPCA, que involucra a varios exfuncionarios del Estado dominicano.

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