El gobierno del presidente Nayib Bukele presentó este martes ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma constitucional para establecer la cadena perpetua como pena máxima para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo.
La iniciativa fue introducida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien explicó que la medida busca endurecer aún más el marco legal contra estructuras criminales, especialmente las pandillas.
“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, afirmó el funcionario al presentar el proyecto ante el Congreso, controlado por el oficialismo, lo que hace prever una rápida aprobación.
Con esta propuesta, el gobierno de El Salvador profundiza su política de seguridad, ampliamente reconocida por la reducción de los índices de violencia, pero también cuestionada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Bukele ha defendido su estrategia en redes sociales, donde ha acusado a organizaciones no gubernamentales de actuar como “defensores de delincuentes”, en respuesta a las críticas por presuntas violaciones de derechos humanos.
La iniciativa surge en un contexto de señalamientos por parte de juristas internacionales, que han acusado al gobierno salvadoreño de incurrir en posibles “crímenes de lesa humanidad” durante la implementación de su política de seguridad.
A pesar de ello, las autoridades sostienen que las medidas adoptadas han permitido recuperar la tranquilidad en el país.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, informó que la propuesta será debatida de forma inmediata en el pleno.
Actualmente, la pena máxima en El Salvador es de 60 años de prisión. De aprobarse la reforma, el país daría un giro significativo en su sistema penal, incorporando la cadena perpetua como castigo para los delitos más graves.
