El impacto devastador del fentanilo en Estados Unidos y Canadá, con miles de muertes atribuidas a sobredosis, ha encendido las alarmas en América Latina y el Caribe, donde diversos países han comenzado a implementar protocolos de prevención, endurecimiento de sanciones y capacitaciones para enfrentar un posible escenario similar.
En la región, aunque el consumo aún es bajo en comparación con Norteamérica, las incautaciones van en aumento. Argentina actualizó su lista de estupefacientes con 170 nuevas sustancias vinculadas a opioides sintéticos; Chile elevó las penas incluso por microtráfico de fentanilo; y Perú decomisó en marzo de 2025 unas seis mil ampolletas, el mayor hallazgo en su territorio.
Puerto Rico atraviesa una situación más crítica: entre 2022 y 2024 registró 1,788 muertes por sobredosis, mientras en Venezuela y Brasil las alertas se centran en el desvío del medicamento desde hospitales. Especialistas de la UNODC advierten además sobre la aparición de drogas emergentes como los nitazenos y la xilacina, con un potencial aún mayor de letalidad.
En México, acusado de ser el principal productor y exportador del opioide hacia EE. UU., el gobierno mantiene una estrategia ambivalente: niega la fabricación de la droga, pero al mismo tiempo ha desmantelado decenas de laboratorios clandestinos. Datos forenses de Baja California revelan que uno de cada cinco cadáveres analizados desde 2022 contenía fentanilo en su organismo, lo que confirma que el consumo interno empieza a crecer.
Autoridades y especialistas coinciden en que el gran desafío de la región es adelantarse al problema, fortaleciendo sistemas de alerta temprana, regulando precursores químicos y capacitando a policías, jueces y médicos para evitar que la crisis norteamericana se replique en el sur.
