Santo Domingo, R.D. – El presidente Luis Abinader designó al economista y académico Magín J. Díaz como nuevo Ministro de Hacienda, en sustitución de José Manuel (Jochy) Vicente, quien presentó su renuncia al cargo. La designación fue oficializada mediante el decreto 386-25, emitido este martes desde el Poder Ejecutivo.
Díaz, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en el diseño y evaluación de políticas públicas, asume el cargo con el compromiso de fortalecer la estabilidad fiscal y continuar con el proceso de modernización del sistema tributario nacional.
Su carrera en la administración pública inició como subsecretario de Estado de Finanzas durante el gobierno de Hipólito Mejía. Luego se desempeñó como viceministro de Política Fiscal y de Crédito Público entre 2012 y 2016, destacándose como una figura clave en reformas estructurales y negociaciones con organismos multilaterales. Entre 2016 y 2020 fue director general de Impuestos Internos (DGII), donde lideró importantes transformaciones en la gestión tributaria.
En el ámbito internacional, ha sido consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asesorando a gobiernos de América Latina en reformas fiscales, sostenibilidad macroeconómica y políticas de desarrollo.
Díaz también ha brindado asesorías técnicas a instituciones como el Ministerio de Economía, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos, el Congreso Nacional y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Desde el punto de vista académico, es ingeniero industrial egresado con honores de INTEC, y posee maestrías en Economía y Ciencia Política por universidades como la de Chicago, Salamanca y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente, dirige la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
La designación de Díaz al frente del Ministerio de Hacienda responde al interés del gobierno dominicano de mantener el equilibrio macroeconómico, fortalecer la transparencia en el manejo de los fondos públicos, y fomentar una cultura de eficiencia y responsabilidad fiscal en el Estado.
