La medida de coerción contra los 11 imputados en la Operación Frontera, vinculados al tráfico y trata de nacionales haitianos en Montecristi, ha quedado sin fecha debido a la recusación presentada por los representantes legales de los imputados.
La jueza encargada del caso, Javiera Antonia Gómez, ha sido recusada por haber intervenido en dictar las órdenes de arresto y allanamiento, así como en las intervenciones telefónicas. Los abogados de la defensa argumentan que la jueza está \»contaminada\» por tener bastante conocimiento del caso de investigación. La recusación pasará ahora a la Corte de Apelación donde se evaluará y se decidirá sobre la misma, y se fijará la fecha para la próxima audiencia.
La investigación lleva en curso aproximadamente un año y cinco meses, y el Ministerio Público ha identificado 15 imputados, de los cuales 11 se encuentran arrestados, entre ellos cinco militares y nueve civiles. Se les imputa trata y tráfico ilícito de personas, en este caso, de nacionales haitianos indocumentados.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en conjunto con la fiscalía de esta demarcación, desarticuló esta red organizada y está solicitando prisión preventiva contra 11 de los procesados en este caso.
En las afueras del Palacio de Justicia de Montecristi se encontraban una multitud de comunitarios y familiares de los imputados a los que no se les permitía la entrada debido a la extrema seguridad en cada uno de sus planteles.
