Veinticinco días después de la tragedia, el expediente del Ministerio Público sobre la muerte de la estudiante Stephora Ann-Merci Joseph revela una cadena de fallas que desembocaron en el fatal ahogamiento ocurrido en la piscina de la Hacienda Los Caballos, en Santiago, durante una actividad organizada por el colegio Leonardo Da Vinci.
El informe preliminar del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), número 552-2025 y fechado el 19 de noviembre, establece que la causa del fallecimiento fue “asfixia mecánica por ahogamiento”, catalogada como muerte violenta, con un mecanismo de insuficiencia respiratoria y una evolución rápida. A pesar de que los hechos habrían iniciado cerca de las 9:45 de la mañana, el levantamiento del cadáver se realizó a las 2:05 de la tarde, sin especificarse la hora exacta en que dejó de respirar.
Según el expediente acusatorio, la menor entró a la piscina confiada, sin advertir que la profundidad cambiaba bruscamente, por falta de señalización. Al quedar atrapada en la zona más profunda comenzó a hundirse y a desesperarse levantando los brazos en señal de auxilio. Mientras luchaba por respirar, las maestras responsables pasaron a su lado sin notar lo que ocurría. Una de ellas se dirigió a la zona del jacuzzi para conversar con otros niños, regresó por el mismo punto y nuevamente ignoró que la niña se estaba ahogando. Imágenes del sistema de seguridad revelan que otra de las imputadas permaneció utilizando su teléfono celular sin supervisar a los estudiantes.
El cuerpo de Stephora permaneció bajo el agua por al menos 30 minutos, sin que nadie interviniera, hasta que un menor observó que había emergido ya sin vida y dio la voz de alarma. “Se ahogó, se ahogó”, gritó el niño, mientras intentaba auxiliarla. La acusación indica que cuando empleados y estudiantes insistieron en llamar al 911, la docente Francisca Tavarez se negó y respondió: “No. Están llamando a la directora”. La llamada al sistema de emergencias se hizo cuando la niña ya no presentaba signos vitales. La madre recibió la primera comunicación una hora y 25 minutos después de ocurrida la muerte, y al llegar al lugar le dijeron que la menor estaba siendo atendida porque supuestamente “se encontraba vomitando”, pese a que ya se sabía que había fallecido. Ninguna autoridad dio explicaciones a la familia hasta cuatro horas después.
El Ministerio Público sostiene que el colegio realizó esta excursión denominada “Agasajo Guardia de Honor” en violación directa a la Orden Departamental 09-2009 del Ministerio de Educación, que prohíbe actividades escolares en piscinas, ríos, playas y otros balnearios. La actividad incluía a 87 estudiantes entre 10 y 18 años. La Defensa Civil determinó además que el lugar no contaba con salvavidas, señalización, rutas de evacuación ni protocolos de emergencia. La madre declaró que su hija no sabía nadar y que nunca se le informaron los riesgos de la piscina. Videos de seguridad muestran que al menos cinco compañeros observaron cuando Stephora se hundía, la señalaron, pero no alertaron a las docentes, lo que, según las autoridades, evidencia un entorno completamente descontrolado.
Por el caso, la Fiscalía de Santiago depositó solicitud de medida de coerción contra cuatro integrantes del plantel educativo: Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Están acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores, y de violar la Ley 136-03 sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para el Ministerio Público, la muerte de Stephora fue consecuencia directa de una excursión ilegal en un lugar inseguro, combinada con una supervisión negligente, falta de auxilio inmediato e incumplimiento de protocolos, lo que configura una imprudencia extrema con responsabilidad penal.
