Washington. – Las probabilidades de que los solicitantes de asilo ganen sus casos en las cortes de inmigración de Estados Unidos han disminuido drásticamente tras recientes medidas legales y administrativas, entre ellas un fallo que permite desestimar de forma expedita los casos considerados infundados y la imposición de una tarifa anual de 100 dólares a los peticionarios.
“El panorama de los casos de asilo en Estados Unidos es muy preocupante”, advirtió el abogado de inmigración Alex Gálvez en declaraciones a la agencia EFE.
El letrado explicó que un reciente fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), conocido como Matter of H.A.A.V., sienta un precedente al permitir que los jueces rechacen solicitudes incompletas o que no cumplan los requisitos, sin necesidad de celebrar audiencias de mérito.
“La mayoría de los casos se gana con el testimonio de los solicitantes, al escuchar de su propia voz el riesgo que corren si son deportados”, sostuvo Gálvez, quien representa a centenares de inmigrantes en los tribunales de Los Ángeles.
Según datos oficiales, las cortes de inmigración enfrentan un atasco de 3.8 millones de casos, de los cuales 2.4 millones corresponden a solicitudes de asilo. Con el nuevo precedente, los jueces podrán atender un número mayor de expedientes diarios, pasando de dos o tres a entre ocho y nueve, según el abogado.
“Este fallo será utilizado por muchos jueces para cerrar los casos de forma prematura y, finalmente, ordenar la deportación”, lamentó.
Nueva tarifa anual
A las nuevas restricciones se suma el cobro anual de 100 dólares impuesto por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a todos los solicitantes de asilo con expedientes pendientes entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025.
El plazo para realizar el pago vence el 31 de octubre, y muchos inmigrantes desconocen esta obligación, según Gálvez, quien recomendó consultar la página de USCIS o contactar a sus abogados para evitar sanciones.
El USCIS aclaró que no habrá reembolsos, sin importar el resultado o el tiempo que tomen las solicitudes.
Políticas más restrictivas
Además, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, restableció políticas de la era Trump que limitan el acceso al asilo para víctimas de violencia doméstica o pandillas, revertiendo decisiones adoptadas por la administración de Joe Biden que buscaban ampliar la protección a estos grupos vulnerables.
Bondi utilizó su autoridad para revisar decisiones de la BIA —que depende del Departamento de Justicia— y restableció los criterios que excluyen estos casos de la elegibilidad para asilo.
Estas medidas, advierten expertos, dificultan aún más la situación de miles de familias que huyen de la persecución o la violencia en sus países de origen y que ahora enfrentan mayores trabas legales y económicas en su intento de obtener protección en territorio estadounidense.
