El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump propuso otorgar nuevamente a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes considerados como una “carga pública”, reviviendo una de las políticas más controvertidas de su primera administración.
La propuesta, presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) —agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, eliminaría la regla de 2022 que regula este criterio y que fue implementada tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Dicha regla permite negar la entrada o la “green card” a un extranjero si las autoridades consideran que podría representar un peso económico para el país.
En 2019, Trump había ampliado significativamente esta regulación al incluir programas de asistencia social como alimentos, vivienda y salud, entre ellos Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Esa ampliación dejó a muchos inmigrantes sin posibilidad de aplicar a la residencia y provocó que miles de familias con hijos ciudadanos estadounidenses abandonaran programas de ayuda por temor a consecuencias migratorias.
La administración Biden revirtió estos cambios, flexibilizando el criterio de inadmisibilidad. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Trump sostiene que los beneficios federales “no deben incentivar la inmigración”, argumentando que las normas vigentes limitan la capacidad del DHS para aplicar plenamente la política establecida por el Congreso.
Según el documento oficial, que será publicado este miércoles en el Registro Federal, la nueva propuesta no restablece completamente la versión de 2019, pero otorga mayor discrecionalidad a los oficiales de USCIS para denegar residencias a solicitantes con bajos recursos.
Tampoco detalla qué programas sociales serán considerados como “carga pública”, aunque se anticipa que habrá directrices posteriores.
Críticas y advertencias de defensores de inmigrantes
La medida ya generó rechazo entre organizaciones de defensa de los inmigrantes.
Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition, calificó la propuesta como “peligrosa”, advirtiendo que podría afectar la salud y estabilidad económica de millones.
“Al generar caos y confusión, disuade a inmigrantes con estatus legal y a ciudadanos estadounidenses de buscar atención médica y ayudas a las que tienen derecho”, expresó en un comunicado.
Cadena señaló además que el impacto de esta nueva regla podría ser incluso mayor que el de la implementación original de 2019.
De igual forma, Renee M. Willis, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, pidió al Congreso —actualmente dominado por los republicanos— rechazar la propuesta, recordando los problemas legales que han enfrentado normativas similares en años recientes.
Parte de una estrategia más amplia
Esta iniciativa se añade a otra reciente restricción de la Casa Blanca para negar visas de inmigrante a extranjeros con enfermedades crónicas, como cáncer u obesidad, bajo el argumento de que podrían depender del sistema de salud pública en el futuro.
Un análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF) estimó que los cambios aplicados en 2019 pudieron haber provocado la pérdida de cobertura médica para entre 2 y 4.7 millones de personas inscritas en Medicaid o CHIP, incluyendo ciudadanos estadounidenses hijos de inmigrantes indocumentados.
En una encuesta de 2023, la KFF reveló que la mayoría de los adultos inmigrantes desconocía con precisión las normas de carga pública, mientras que uno de cada cuatro (27 %) había evitado solicitar asistencia por temor a afectar su estatus migratorio, aun después de que el Gobierno Biden flexibilizara las exigencias.
