La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves una reforma a la Ley de Hidrocarburos que abre completamente la industria petrolera a la inversión privada, marcando un giro histórico en el modelo energético del país y en su relación con Estados Unidos.
El Parlamento aprobó artículo por artículo el nuevo texto legal, que modifica la ley vigente desde 2006 y ahora queda pendiente de sanción por parte de la presidenta Delcy Rodríguez.
“Solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras la aprobación de lo que calificó como una ley “para la historia y para el futuro”.
Rodríguez asumió la Presidencia tras la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en el marco de una operación liderada por Estados Unidos. Desde entonces, el nuevo gobierno ha impulsado un cambio radical en la política petrolera y en la tradicional relación hostil con Washington.
El presidente estadounidense Donald Trump ha manifestado públicamente su interés en que empresas petroleras norteamericanas operen en Venezuela, destacando a Delcy Rodríguez como una dirigente “formidable”.
La reforma reduce el control estatal sobre la exploración, explotación y comercialización del petróleo, ofreciendo mayores garantías a inversionistas privados, menor carga impositiva y la posibilidad de operar sin participación del Estado, incluso permitiendo la transferencia de activos a manos privadas.
Entre los principales cambios se incluyen:
- Sustitución del esquema impositivo por una contribución única de hasta un 15 % sobre los ingresos brutos.
- Regalías de hasta 30 %, con márgenes definidos por el Ejecutivo según cada contrato.
- Autorización para que privados exploten yacimientos sin participación estatal, incluidos los llamados “campos verdes”, áreas no exploradas.
La nueva legislación deja sin efecto el modelo impulsado por Hugo Chávez, que establecía la participación mayoritaria del Estado en empresas mixtas y un fuerte control público sobre la industria petrolera, nacionalizada en 1976.
Analistas señalan que la reforma se inspira en la Ley Antibloqueo, que permitió acuerdos petroleros con privados bajo confidencialidad. No obstante, advierten que el Ejecutivo mantiene amplias facultades discrecionales.
“La reforma desmantela completamente el modelo petrolero de Chávez, aunque persisten riesgos por la falta de transparencia”, afirmó el analista petrolero Francisco Monaldi.
Desde la oposición parlamentaria se reclamaron mayores garantías de transparencia, mientras que el exministro petrolero Rafael Ramírez calificó la medida como un “retroceso enorme” y una “privatización” de la industria.
En contraste, trabajadores del sector petrolero han expresado optimismo, en medio de bajos salarios y deterioro operativo.
“A través de esta nueva ley lograremos nuevos ingresos”, afirmó el trabajador petroquímico Leonardo Castillo, durante una movilización en apoyo al gobierno.
Por su parte, Karina Rodríguez, empleada de PDVSA, aseguró que la reforma “ayuda a dignificar a los trabajadores, que somos el motor de la producción petrolera”.
Actualmente, Venezuela produce alrededor de 1.2 millones de barriles diarios, lejos de los 3 millones alcanzados a inicios de siglo, pero muy por encima de los niveles registrados en 2020, cuando la producción cayó a mínimos históricos.
