Santo Domingo. – Un total de 85 personas que eran buscadas por las autoridades por distintos delitos se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional durante las últimas tres semanas y quedaron a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, advirtió que las personas que tienen asuntos pendientes con la justicia están siendo perseguidas por las autoridades.
Rodríguez García explicó que entre los buscados figuran personas vinculadas, según las investigaciones policiales, a casos de homicidios, robos, violaciones y otros hechos delictivos, incluyendo situaciones que han afectado a menores de edad.
Ante este escenario, el director policial exhortó a quienes sean requeridos por las autoridades a entregarse.
“Es mejor que se entreguen a las autoridades”, manifestó Rodríguez García, al señalar que el objetivo de la institución es proteger a la población y contribuir al mantenimiento de la paz.
El funcionario sostuvo que la intención es que el delincuente sea quien tenga temor de las autoridades y no el ciudadano, mientras continúan los operativos para localizar a las personas que permanecen prófugas.
Las declaraciones se producen mientras persisten cuestionamientos de distintos sectores sobre determinadas actuaciones policiales, incluyendo denuncias sobre posibles ejecuciones y procedimientos que pudieran apartarse de los protocolos establecidos.
Al respecto, Rodríguez García indicó que cualquier persona que considere haber sido afectada por una actuación irregular puede presentar una querella ante el Ministerio Público, organismo encargado de investigar este tipo de denuncias.
Otro de los temas abordados fue la situación de los centros penitenciarios, particularmente el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de libertad.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que el sistema penitenciario se encuentra en un proceso de transformación bajo la jurisdicción del recién creado Ministerio de Justicia, mientras una comisión trabaja en la reforma del sistema.
Raful precisó que, aunque la Policía Nacional mantiene vigilancia sobre posibles complicidades entre internos y agentes penitenciarios, la administración y transformación del sistema penitenciario ya no corresponden al Ministerio de Interior y Policía.
Por el momento, las 85 personas que decidieron entregarse permanecen bajo la responsabilidad del Ministerio Público, donde deberán enfrentar los procesos correspondientes de acuerdo con cada caso.
Para las autoridades, estas entregas representan una oportunidad para que las personas requeridas puedan ponerse a disposición de la justicia y responder por los hechos que se les atribuyen.
