Santo Domingo.– El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) informó que remitió en los últimos 12 meses un total de 50 expedientes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), derivados de auditorías realizadas a distintas instituciones gubernamentales en las que se detectaron posibles irregularidades.
La presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco, ofreció la información durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, donde explicó que la función de la Cámara de Cuentas consiste en remitir al Ministerio Público los casos donde se observan indicios de corrupción, sin dar seguimiento posterior a los procesos judiciales.
“Nuestra función es terminarlo y enviárselo al Ministerio Público. El Ministerio Público evalúa y es quien toma la decisión”, expresó.
Polanco no reveló cuáles instituciones forman parte de los expedientes enviados.
Declaraciones juradas
La funcionaria también anunció que a inicios del próximo mes la entidad publicará la lista de funcionarios que aún no han presentado su declaración jurada de bienes, en violación a lo establecido por la Ley 311-14.
Aumento salarial
Sobre la resolución que contemplaba un incremento de un 50 % en los salarios de los miembros del pleno, Polanco aclaró que la intención no era un aumento salarial, sino un incentivo por el trabajo realizado.
Dicha resolución fue anulada el pasado 9 de abril, luego de críticas públicas y observaciones sobre su constitucionalidad.
“No hemos hablado en ningún momento de salarios, hemos hablado de una motivación, un incentivo por el trabajo tan arduo que ha hecho la Cámara de Cuentas”, sostuvo.
Solicitan más recursos
La presidenta de la CCRD reveló además que la institución enfrenta un déficit de personal para fiscalizar los 1,440 entes auditables existentes en el país.
Indicó que actualmente cuentan con 300 auditores, pero requieren al menos 200 adicionales para mejorar la capacidad operativa del organismo.
Polanco explicó que cada nuevo auditor tendría un costo anual aproximado de dos millones de pesos, incluyendo herramientas tecnológicas, licencias y equipos de trabajo.
Durante la actividad estuvo acompañada por el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino y los miembros del pleno Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.
