San Francisco de Macorís. – La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaylin Rodríguez, afirmó que las decisiones relacionadas con el traslado de internamiento de personas privadas de libertad se adoptan con base en criterios de seguridad, integridad física y estricto cumplimiento de la Ley 133-21, que regula el sistema penitenciario en la República Dominicana.
Durante sus declaraciones, la representante del Ministerio Público explicó que las autoridades deben evaluar de manera integral las condiciones del sistema penitenciario para garantizar tanto la protección de los internos como la de terceros que puedan verse afectados por las características de cada centro de reclusión.
Rodríguez indicó que, antes de autorizar un traslado, se analizan los niveles de seguridad del recinto penitenciario y las condiciones particulares de cada caso, con el objetivo de preservar la integridad física de todas las personas involucradas.
Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público trabaja de manera coordinada con las autoridades penitenciarias para que cada procedimiento se ajuste a los parámetros establecidos por la legislación vigente.
La fiscal reiteró que el aparato de justicia garantiza que los traslados e internamientos se ejecuten conforme a los criterios previstos en la Ley 133-21, procurando que las decisiones respondan al estatus del privado de libertad y a las capacidades del centro penitenciario correspondiente.
Aseguró que estas medidas buscan mantener el equilibrio entre la seguridad institucional, la protección de los internos y el resguardo de la ciudadanía.
