San Francisco de Macorís. – Una mujer identificada como Maritza Chávez denunció este martes haber encontrado invadida una propiedad de aproximadamente 45 tareas y un inmueble de su pertenencia al regresar al país, situación que, según afirmó, la llevó a solicitar apoyo de instituciones de protección de derechos y del Ministerio de la Mujer.
Chávez explicó que reside fuera del país y que adquirió la propiedad a uno de sus hermanos. Indicó que, tras regresar luego del fallecimiento de un sobrino, descubrió que el terreno había sido ocupado y que el trabajador que durante años cuidó la finca fue obligado a abandonar el lugar bajo amenazas, según su versión.
La denunciante expresó además su inconformidad con la actuación de las autoridades locales, al asegurar que esperaba recibir protección, pero que, en cambio, la Fiscalía en el municipio de Nagua emitió una orden de restricción mutua entre las partes involucradas.
“Me han tratado como si yo fuera la acusada”, sostuvo Chávez, quien manifestó temor por su seguridad personal y afirmó que evalúa acudir a la Embajada o al consulado de Estados Unidos para solicitar protección.
Durante el encuentro con la prensa, Rebeca Henríquez, representante de la Fundación de los Derechos Humanos, informó que recibió a la denunciante en San Francisco de Macorís con el propósito de canalizar asistencia y coordinar acciones con el Ministerio de la Mujer.
Henríquez hizo un llamado a las autoridades para que otorguen las medidas de protección necesarias ante las amenazas denunciadas y advirtió sobre la importancia de actuar de manera oportuna para prevenir hechos de violencia.
“Estos casos deben atenderse antes de que ocurra una tragedia”, expresó.
Por su parte, Katherine Paulino, representante de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer en Duarte, informó que la institución acudió de inmediato tras recibir la solicitud de apoyo para evaluar la situación de la denunciante.
Explicó que actualmente se analiza el tipo de asistencia más adecuada, contemplando alternativas como el ingreso a una casa de acogida, la articulación con una red familiar de apoyo o la adopción de medidas directas de protección, dependiendo del nivel de riesgo identificado.
Paulino aseguró que el Ministerio de la Mujer dará seguimiento al caso dentro de los protocolos establecidos para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
