Santo Domingo.– A seis meses de haber sido depositado en el Senado de la República, el proyecto de ley de reforma policial aún no ha sido aprobado por la comisión encargada de su estudio, pese a que la iniciativa constituye uno de los principales compromisos del presidente Luis Abinader para transformar la Policía Nacional.
Con el cierre de la actual legislatura ordinaria previsto para el próximo 26 de julio, los senadores enfrentan el desafío de evitar que la pieza legislativa perima. No obstante, miembros de la comisión de Interior y Policía aseguran que el proceso de análisis está avanzado y mantienen expectativas de que sea aprobado antes de concluir el período legislativo.
La senadora por San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, informó que la comisión ya concluyó la lectura de los 345 artículos que conforman el proyecto.
“Los miembros de esta comisión estamos integrados en cuerpo y alma para entregar un proyecto acabado que beneficie a nuestra policía con toda la actualización que esto conlleva. Tenemos proyectado terminarlo en esta legislatura”, expresó.
De su lado, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, reconoció que la carga legislativa ha influido en el ritmo de trabajo, aunque manifestó su esperanza de que la reforma policial sea conocida y aprobada antes del cierre de la legislatura.
Mientras, el senador por Barahona, Moisés Ayala, explicó que tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Interior y Policía han remitido propuestas de modificación que actualmente son evaluadas por la comisión.
“Esperemos que en el mes que nos queda apenas, porque el 26 de julio termina esta legislatura, podamos tenerlo aprobado”, señaló el legislador.
La reforma policial ha sido presentada por el Gobierno como una de las iniciativas fundamentales para modernizar la institución del orden, fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar los mecanismos de supervisión y transparencia dentro del cuerpo policial.
Aprobaciones de urgencia
En otro orden, el Senado aprobó recientemente de urgencia el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el cual prohíbe la importación de productos plásticos de un solo uso que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Asimismo, la Cámara Alta dio luz verde, también de urgencia, al proyecto de ley sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, una práctica que ha generado críticas por parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que cuestiona el uso frecuente de la declaratoria de urgencia en el Congreso Nacional.
