San Francisco de Macorís. – La defensora de los derechos humanos Rebeca Henríquez sostuvo que, si en el país se plantea realizar una «limpieza» contra los delincuentes y antisociales, esta debe comenzar por el Estado dominicano y por quienes, según afirmó, incumplen la ley desde las instituciones públicas.
Henríquez cuestionó que el Gobierno continúe recurriendo a préstamos mientras, a su juicio, persisten necesidades sin resolver para la población. Además, aseguró que recursos públicos terminan beneficiando a sectores políticos, al mencionar los casos de INABIE y SeNaSa como ejemplos de sus críticas a la administración pública.
Durante sus declaraciones, también afirmó que la existencia de más de 15,000 órdenes de arresto sin ejecutar respondería, según su versión, al favoritismo y la protección que algunos miembros de la Policía Nacional y dirigentes políticos brindarían a personas vinculadas a actividades delictivas.
La activista sostuvo, además, que incluso dentro de algunos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos habría personas que, según dijo, deberían enfrentar procesos judiciales.
Hizo un llamado a las autoridades para que garanticen la aplicación imparcial de las leyes y el cumplimiento de las órdenes de arresto pendientes, sin distinción de cargos, vínculos políticos o posiciones dentro de instituciones públicas o privadas.
