Santo Domingo. La provincia Sánchez Ramírez habría dejado de recibir más de RD$12,000 millones en la última década por concepto del 5 % de los beneficios de la actividad minera que establece la legislación dominicana, debido a que los recursos terminan siendo asignados mediante el Presupuesto General del Estado y no de forma automática como dispone el marco legal.
Entre 2015 y 2025, el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez (Fomisar) recibió alrededor de RD$2,699 millones, pese a que estimaciones basadas en los ingresos generados por la mina Barrick Pueblo Viejo indican que la provincia debió percibir cerca de RD$14,982 millones durante ese mismo período.
La diferencia supera los RD$12,000 millones, una cifra que equivale a casi el doble de la inversión realizada en la construcción del Teleférico de Santiago.
Lo que dice la ley
La distribución de estos recursos está sustentada principalmente en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00), la cual establece que los municipios donde se explotan recursos naturales no renovables deben recibir el 5 % de los beneficios derivados de esa actividad.
En teoría, el mecanismo es directo: la empresa minera calcula ese porcentaje de sus ganancias anuales, deposita el monto correspondiente en el consejo provincial encargado de administrarlo y posteriormente esos fondos son distribuidos entre ayuntamientos y juntas distritales para financiar exclusivamente obras de desarrollo en las comunidades impactadas por la minería.
Sin embargo, el recorrido del dinero es distinto.
Del 5 % al Presupuesto Nacional
En la práctica, las empresas pagan impuestos como el Impuesto sobre la Renta y la Participación de Utilidades Netas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esos recursos ingresan a la Tesorería Nacional y pasan a formar parte de la Cuenta Única del Estado, bajo la administración del Ministerio de Hacienda.
A partir de ese momento, el dinero que finalmente reciben las provincias mineras ya no depende automáticamente del porcentaje establecido por la ley, sino de la asignación aprobada cada año por el Congreso Nacional mediante la Ley de Presupuesto General del Estado.
Posteriormente, el Gobierno central realiza las transferencias, generalmente a través del Ministerio de Energía y Minas, hacia organismos como Fomisar.
“El Estado ha secuestrado el dinero”
El investigador de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), Rafael Eugenio Robles, sostiene que el problema no radica en el procedimiento administrativo, sino en el monto que finalmente se transfiere.
“El procedimiento es el correcto; son los montos los incorrectos”, afirmó.
Para Robles, el Estado devuelve a la provincia una cantidad fija establecida en el presupuesto nacional, en lugar del porcentaje que correspondería según las ganancias generadas por la minería.
Un reclamo con raíces históricas
El investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), Luis Humberto Vargas, asegura que existe un malentendido sobre el verdadero propósito del llamado 5 % minero.
Según explica, la propuesta impulsada originalmente por monseñor Juan Antonio Flores Santana durante el gobierno de Joaquín Balaguer buscaba beneficiar directamente a las comunidades campesinas afectadas por la explotación minera.
“El objetivo del cinco por ciento no era entregarlo al municipio ni a la provincia; era directamente a las comunidades”, sostuvo.
Vargas también considera que nunca se construyó una estructura institucional suficientemente sólida para administrar esos recursos conforme al espíritu original de la iniciativa.
Fomisar: una institución creada antes de la explotación
La provincia ya había diseñado una estructura para administrar esos ingresos incluso antes de que iniciaran las operaciones de la actual mina.
El exdiputado Cristian Paredes, impulsor de la Ley 91-05, recuerda que Fomisar comenzó a gestarse entre 2003 y 2004, antes de que fueran aprobados los contratos que permitieron la explotación de Pueblo Viejo.
El organismo administra los recursos provenientes tanto del contrato especial firmado entre el Estado dominicano y Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) como de las disposiciones de la Ley 64-00.
¿Por qué no llega el 5 %?
El presidente de Fomisar, Arquímides Matías Viloria, explica que el contrato vigente establece que la empresa únicamente realiza pagos al Estado mediante conceptos como el Retorno Neto de Fundición, el Impuesto sobre la Renta, la Participación sobre Utilidades Netas y el Impuesto Mínimo Anual, todos pagados a la DGII.
Según Matías, el Gobierno ha incrementado gradualmente las transferencias a la provincia.
El monto anual pasó de RD$50 millones hace una década a RD$450 millones en la actualidad, con la expectativa de alcanzar RD$500 millones.
No obstante, reconoce que si la provincia recibiera el 5 % completo establecido por la ley, dispondría de recursos suficientes para cubrir gran parte de sus necesidades sin depender de intervenciones adicionales del Gobierno central.
Obras y becas financiadas
Los recursos administrados por Fomisar son distribuidos entre 15 beneficiarios conforme a porcentajes establecidos por la legislación vigente.
Las comunidades participan en mesas de trabajo donde identifican las obras prioritarias, las cuales son incorporadas al Plan Operativo Anual antes de ser aprobadas por la asamblea del organismo.
Entre las inversiones figuran canchas deportivas, puentes, aceras, contenes, escuelas, iglesias y campos de béisbol, además de un programa de becas estudiantiles implementado en los últimos años.
Crecen las ganancias mineras
Mientras persiste el debate sobre la distribución de los fondos, la rentabilidad del sector continúa aumentando.
La Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2025, elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), reporta que las empresas de explotación de minas y canteras obtuvieron una utilidad neta de RD$56,286.74 millones, un incremento de 36.3 % respecto al año anterior.
Sin embargo, la ONE advierte que esos datos corresponden al contexto nacional y no permiten determinar cuánto de esa riqueza llega efectivamente a las provincias donde ocurre la extracción.
El alza del oro reaviva el debate
El aumento del precio internacional del oro ha intensificado los llamados a revisar el contrato entre el Estado dominicano y Barrick Gold-Newmont.
Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la Pucmm señala que el precio de la onza pasó de US$1,825 en 2023 a alrededor de US$5,000 en febrero de 2026, por lo que plantea renegociar las condiciones actuales para aumentar la participación del país, cobrar por todos los metales presentes en el doré y fortalecer la transparencia en la actividad minera.
Los especialistas coinciden en que el desafío ya no consiste únicamente en cuánto produce la minería, sino en garantizar que esa riqueza se traduzca en desarrollo real para las comunidades donde se extraen los recursos.
