SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia en Ciudad Nueva, dictó medida de coerción contra los implicados en la denominada operación Gavilán, acusados de borrar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.
Contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República; Alfredo Mirambeaux Villalona, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este; el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Domingo Julio Santana Sánchez y Rubén Darío Morbán Santana, el magistrado impuso 18 meses de prisión preventiva en distintos centros penitenciarios.
En tanto que los imputados que arribaron a acuerdos para cooperar con la investigación del Ministerio Público recibieron diferentes medidas de coerción, entre los que se encuentran Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Antony Vicente Ferrer Monegro.
Mientras que Romanqui Alexander Dotel Medina recibió una garantía económica de RD$100 mil por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y quedar al cuidado de su padre, residente en el Distrito Nacional, quien se comprometió a presentar al imputado a todos los requerimientos del proceso.
De igual forma, este caso fue declarado de tramitación compleja.
De acuerdo al Ministerio Público, la red borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas.
En este caso también figuran por lo menos siete fiscales contra los que se procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
