miércoles, mayo 1, 2024
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Articulación Democrática exige la devolución de 30 mil millones de pesos robados durante los gobiernos del PLD

Duarte.- El coordinador de Articulación Democrática, sociólogo Domingo Matías, ha demandado la devolución de los 30 mil millones de pesos sustraídos del Estado durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Matías considera que, con esos recursos, muchas deficiencias en los servicios públicos de la provincia Duarte podrían haber sido superadas, ya que habrían sido destinados a obras necesarias en esta localidad.

Matías, al liderar un acto el pasado sábado en el parque Duarte de San Francisco de Macorís, explicó que las autoridades del Ministerio Público y los tribunales de la República deben seguir exigiendo a los procesados por corrupción que devuelvan el dinero del Estado. Según Matías, estos recursos podrían contribuir a resolver algunos de los problemas históricos que afectan a los dominicanos.

En la Proclama de San Francisco de Macorís de Articulación Democrática, Matías mencionó que con esos 30 mil millones de pesos se podrían haber realizado importantes obras en la ciudad, como la construcción de la Carretera Circunvalación, la mejora de la Cañada Grande, el sistema cloacal de los barrios, la Plaza de la Cultura, la carretera ecoturística San Francisco Río San Juan, la presa sobre el río Boba, la construcción del puente sobre el río Jaya, entre otras.

Además, se podrían haber construido hospitales, ampliado acueductos en toda la provincia y creado miles de empleos. Matías señaló que, con esos recursos, la provincia Duarte podría haber transformado las riberas del río Jaya con grandes áreas verdes y haber levantado modernos mercados en los diferentes municipios de la región.

Articulación Democrática está promoviendo la devolución de los recursos robados al Estado a través de la llamada Ruta de la Honestidad, llevando sus ideas a cada una de las provincias del país. El movimiento sostiene que los acusados de corrupción, además de devolver lo robado, deben cumplir con penas de cárcel por los actos cometidos en contra del bienestar del pueblo dominicano.

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